09 February 2022
La Guardia Civil ha creado la Oficina Central Nacional de análisis de información sobre actividades ilícitas medioambientales, que impulsará la coordinación y optimizará el potencial disponible para hacer frente a las amenazas contra la naturaleza.
La nueva oficina, creada en el seno de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y con participación de organismos e instituciones con competencia en la materia, ha contado con el apoyo europeo a través del proyecto Life Nature Guardians, con la estrecha colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica, informa la Dirección General de la Guardia Civil.
Corresponde a la nueva Oficina impulsar la cooperación, coordinación y comunicación de las actuaciones en el ámbito nacional para la conservación y protección de la naturaleza y el medio ambiente, los espacios protegidos, los recursos hidráulicos, la caza y la pesca, la lucha contra el tráfico ilegal de especies silvestres y el maltrato animal.
Además, ser punto de contacto ante los organismos nacionales e internacionales, analizar informaciones recibidas sobre actividades medioambientales y elaborar los informes técnicos necesarios para la persecución de actividades ilícitas.
La Guardia Civil informa de que el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres pone de manifiesto elevado impacto económico asociado a actividades ilícitas en este ámbito, lo que constituye un especial atractivo para grupos de delincuencia organizada cuya actividad está aumentando.
Advierte de que el tráfico ilegal y el furtivismo suponen una seria amenaza para la biodiversidad, la supervivencia de algunas especies y la integridad de los ecosistemas, al tiempo que alientan conflictos y amenazan la seguridad.
España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha sido uno de los primeros países en llevar a cabo la transposición del plan de acción europeo.
Entre los objetivos del plan de acción español está potenciar de la capacidad de todos los eslabones de la cadena coercitiva y del poder judicial para que se puedan tomar medidas efectivas contra el tráfico ilegal y el furtivismo de especies silvestres, mejorando para ello la cooperación, la coordinación, la comunicación y el flujo de datos entre las agencias competentes.
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