Latinoamérica
Los Parques Naturales Nacionales, prioridad para Colombia
En 1960 se creó en Colombia el Sistema de Parques Naturales Nacionales (SPNN), el cual está compuesto por 17´613.381 hectáreas, el 12% del territorio nacional.
Cruzamos el charco atlántico porque nos llegan noticias desde el país latinoamericano de Colombia y es que desde la década de 1960 se creó en Colombia el Sistema de Parques Naturales Nacionales (SPNN), el cual está compuesto –entre áreas marinas y terrestres– por 17´613.381 hectáreas, es decir, el 12% del territorio nacional. Allí tiene presencia una de cada diez especies de fauna y flora del mundo, y se conserva el 64.5% de todos los ecosistemas del país.
Adicionalmente, la riqueza cultural que habita en estos territorios es amplia. En 30 de los 59 Parques Naturales Nacionales (PNN) que tiene el Sistema, habitan y conviven más de 40 resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes. Y se cuenta con una población campesina que ronda los 22 mil habitantes que poseen 17.634 unidades productivas agrícolas.
Desafortunadamente, la segunda riqueza biológica y cultural más grande del mundo se encuentra en riesgo. Desde hace varias décadas los grupos armados organizados (GAO) que han hecho presencia en estas territorialidades vienen generando una destrucción sistemática de estos valiosos ecosistemas naturales y culturales del planeta.
La solución radica en un Estado social de derecho la institucionalidad llegue a todos los lugares y poblaciones. El Gobierno debe tener acciones dirigidas a brindar tanto la seguridad pública como la humana. Esta debe ser la estrategia para aumentar la gobernabilidad, en especial, en los territorios donde el Estado debe ser garante de protección especial.
En síntesis, el Gobierno debe convertir al SPNN en una prioridad. Se requiere que ejerza control sobre una territorialidad que es estratégica para el mundo y para el país. No se puede dejar que los ilegales sigan explotando, ultrajando y destruyendo los recursos naturales y culturales. Estas tierras deben ser protegidas para que las comunidades étnicas y campesinas que las habitan, en compañía del Estado, puedan ejercer una gobernanza territorial que la haga sostenible para todos.